La tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea ha alcanzado un nuevo nivel, y como ciudadano europeo, observo con inquietud —pero también con comprensión— cómo Bruselas se prepara para responder con firmeza. Tras los aranceles del 25% impuestos por la Administración Trump sobre la industria automovilística europea y la amenaza de nuevas rondas arancelarias, la UE sopesa contraatacar donde más le puede doler a Washington: los servicios. Durante años, Europa ha sido paciente, intentando mantener los canales diplomáticos abiertos incluso cuando las tensiones arancelarias se intensificaban. Pero todo tiene un límite.

Ahora, la Comisión Europea estudia medidas contra la exportación de servicios estadounidenses, especialmente en los sectores tecnológico y financiero. En el punto de mira estarían gigantes como las grandes tecnológicas de Silicon Valley, que podrían ver restringidas sus operaciones, afectando desde la gestión de datos hasta los ingresos derivados de actualizaciones de software. El abanico de represalias que se está discutiendo incluye propuestas significativas: revocación de patentes, restricciones a bancos estadounidenses, limitaciones a plataformas digitales e incluso la prohibición del uso de redes como la de satélites Starlink de Elon Musk para servicios públicos. Todo esto podría aprobarse si Estados Unidos sigue escalando el conflicto con nuevas medidas arancelarias. Y es que la respuesta europea no será improvisada ni simbólica. Bruselas ha anunciado aranceles por hasta 26.000 millones de euros sobre productos estadounidenses si fracasa el diálogo comercial.

Sin embargo, muchos Estados miembro prefieren ir más allá del comercio de bienes. Francia, por ejemplo, ha presionado con fuerza para que la respuesta incluya también sectores estratégicos del ámbito digital y financiero, donde Europa depende en gran medida de empresas estadounidenses. La energía, aunque crucial, ha quedado temporalmente fuera de la ecuación por motivos de seguridad de suministro. Bruselas no quiere interrumpir las importaciones de gas natural licuado de EE.UU., fundamentales para compensar la pérdida del gas ruso desde 2022. Pero en el ámbito de los servicios, donde hay más margen de maniobra, el consenso político parece consolidarse. No obstante, aún quedan obstáculos. La Comisión Europea necesita el respaldo de una mayoría cualificada de los Estados miembro para activar las medidas. La decisión es compleja, no sólo por sus consecuencias económicas, sino también por las implicaciones legales y diplomáticas. El reglamento anti-coerción de la UE, aprobado en 2023, otorga a la Comisión poderes para actuar si un socio comercial utiliza medidas económicas para presionar políticamente. Y desde esta óptica, lo que hace la Administración Trump no puede interpretarse de otro modo. Desde mi perspectiva, este posible giro hacia el terreno de los servicios representa un punto de inflexión.

Europa ha comprendido que la única manera de ser escuchada es mostrando que también tiene capacidad de respuesta. No se trata de una escalada irracional, sino de defender con firmeza una posición justa ante políticas unilaterales que afectan directamente a su economía y su soberanía. Estamos ante un escenario que puede redibujar las reglas del comercio internacional. En las próximas semanas, si la Casa Blanca no da señales de desescalada, podríamos ver cómo Europa pasa de la contención a la acción. Y aunque el objetivo siempre será evitar una guerra comercial total, queda claro que ya no se aceptará un juego desequilibrado. Europa ha aprendido que no basta con tener la razón: también hay que tener el poder —y la voluntad— de hacerla valer.