En un contexto marcado por el proteccionismo de la administración Trump y las tensiones comerciales globales, la intervención del Estado español —y de la Unión Europea— para paliar los daños a sectores exportadores ha sido aclamada con escasa crítica.

Sin embargo, esta unanimidad encierra una trampa peligrosa para los principios básicos de una economía de mercado. Cuando un empresario decide competir en el mercado, lo hace con la expectativa de obtener beneficios, pero también asume riesgos. Es la lógica misma del capitalismo. Si el Estado acude en su auxilio cada vez que se materializa una circunstancia adversa —como un aumento de aranceles—, entonces estamos pervirtiendo el principio esencial de responsabilidad empresarial.

¿Dónde queda, entonces, el “riesgo moral”? ¿Qué mensaje transmitimos si cada fracaso se amortigua con dinero público? Esta dinámica no solo crea una peligrosa dependencia de los subsidios, sino que introduce incentivos perversos: si las pérdidas se socializan y los beneficios se privatizan, estamos ante un sistema profundamente injusto. Y más aún, estamos asistiendo a la conversión del Estado en un actor providencial que se presenta como salvador ante cualquier turbulencia económica, por leve que sea. Pero esa imagen es insostenible en el largo plazo. Las ayudas públicas pueden estar justificadas ante desastres naturales, pandemias o colapsos financieros que amenacen con paralizar el conjunto del sistema económico. Pero no es este el caso.

La guerra arancelaria, aunque preocupante, no constituye una catástrofe imprevisible, sino un riesgo geopolítico dentro de los márgenes de cualquier estrategia empresarial internacional. ¿De verdad debemos utilizar fondos públicos para protegernos de decisiones comerciales de un gobierno extranjero?

Las cifras, además, invitan a la reflexión. Las exportaciones españolas a Estados Unidos representan apenas el 1,1 % del PIB. Incluso si consideramos un hipotético arancel del 20 %, el impacto macroeconómico sería de un 0,25 % del PIB repartido en varios años, según un reciente estudio de Funcas. Se trata de un efecto potencial, no confirmado, y cuya magnitud es bastante limitada. ¿Justifica esto el uso de dinero público cuando hay tantas otras necesidades sociales sin cubrir? Detrás del gesto de rescate se oculta una peligrosa lógica política: la de contentar a sectores empresariales estratégicos, enviar una señal de respaldo institucional y evitar que se asocie la inacción gubernamental con la pérdida de empleos.

Sin embargo, lo que se gana en imagen política se pierde en coherencia económica y en credibilidad institucional. Además, hay un efecto colateral aún más preocupante: se alimenta la percepción de que el Estado siempre acudirá al rescate, desincentivando la prudencia y la planificación de las propias empresas. Este clima, lejos de fortalecer la economía, la hace más frágil y vulnerable ante futuros choques externos.

Y, lo que es peor, se alimenta el discurso de que el sector público está al servicio del privado, difuminando las fronteras entre lo que debe ser una política económica justa y lo que se convierte en un clientelismo institucionalizado. La intervención pública no debe ser un comodín automático. Debe estar regida por principios claros de necesidad, proporcionalidad y equidad. En este caso, ninguna de esas condiciones se cumple de manera contundente.

Por ello, es urgente abrir un debate sobre los límites del “Estado providencial” y sobre el verdadero sentido del interés general. La economía no necesita más muletas; necesita reglas claras, instituciones sólidas y una sociedad civil que entienda que el riesgo empresarial es inherente a la libertad de mercado. Solo así evitaremos caer en la peligrosa ilusión de que “la mano del Estado” lo resolverá todo, siempre, sin costes ni consecuencias.