La Comisión Europea sigue avanzando en la ambiciosa senda del rearme común, con el objetivo de reforzar la seguridad del continente ante un contexto geopolítico cada vez más tenso. Sin embargo, lo que en principio parece una voluntad compartida por los Estados miembros —la necesidad de aumentar la inversión en defensa— se está convirtiendo, una vez más, en motivo de fricción cuando se trata de decidir cómo financiar ese esfuerzo.

En mi calidad de observador atento de los procesos de integración europea, he sido testigo de cómo la retórica de la unidad muchas veces tropieza con las diferencias estructurales entre países. En esta ocasión, la divergencia gira en torno al plan ReArm Europe, que prevé 800.000 millones de euros de inversión en defensa para los próximos cuatro años. De esa suma, apenas 150.000 millones se canalizarán mediante subvenciones a través del programa SAFE (Security Action for Europe), quedando el grueso de la financiación en manos de los presupuestos nacionales. Este planteamiento ha generado tensiones notables, especialmente entre los países del sur de Europa.

Francia, Italia y España, que enfrentan ya un alto nivel de deuda pública, consideran que este modelo no solo es insuficiente, sino injusto. El coste del rearme, arguyen, no puede recaer de forma tan desproporcionada sobre los hombros de unos pocos. Por ello, han elevado una petición clara a Bruselas: la emisión de eurobonos, como ya se hiciera durante la pandemia, para repartir equitativamente la carga del nuevo gasto en defensa. La cuestión de fondo no es menor. Aunque el gasto militar no computará en los niveles de déficit por una cláusula de escape temporal, lo cierto es que este incremento llega en un momento de enorme presión fiscal.

En países como España, donde la deuda pública supera el 110 % del PIB, o Italia, que roza el 140 %, cualquier gasto adicional exige una ingeniería financiera delicada. Alemania, en cambio, se mueve en una zona de mayor confort, con una deuda del entorno del 60 %, lo que le otorga mayor margen de maniobra. El dilema es, por tanto, profundamente político. Berlín y sus aliados del norte se resisten a la mutualización del riesgo que suponen los eurobonos, alegando que cada país debe responsabilizarse de sus propias finanzas. No obstante, esta negativa contrasta con una realidad inquietante: el coste del endeudamiento se ha disparado en los últimos meses. La subida de tipos del BCE ha encarecido el acceso al crédito para todos, pero especialmente para los países periféricos. En Alemania, el interés de la deuda a 10 años ha pasado del 2 % en diciembre al 2,8 % o 2,9 %; en Francia ha subido hasta el 3,5 %, en Italia hasta el 3,9 % y en España hasta el 3,4 %. Esto significa que, sin una solución conjunta, los países más endeudados deberán financiar su gasto militar a un precio mucho más alto, lo que agravará su ya precaria situación fiscal. Y si bien es cierto que la Comisión ha planteado reformar el marco fiscal de la UE —posponiendo decisiones estructurales hasta después de 2030—, el choque entre solidaridad y ortodoxia financiera ya se está haciendo sentir.

¿Estamos, entonces, ante una encrucijada decisiva? Probablemente sí. La seguridad europea no puede quedar atrapada en un laberinto de intereses nacionales. Si la UE quiere ser un actor relevante en el tablero global, necesita mecanismos de financiación sólidos, equitativos y sostenibles. La emisión de eurobonos para la defensa no es solo una cuestión económica: es una prueba de madurez política. Al final, como tantas veces, será el equilibrio entre pragmatismo y visión común lo que determine el rumbo. Pero mientras tanto, el reloj geopolítico no se detiene, y Europa debe decidir si quiere afrontar un futuro incierto como una unión de voluntades dispersas o como una comunidad con propósito común y responsabilidad compartida.