Durante mi reciente inmersión en la actualidad europea, me he topado con una preocupante tendencia que parece extenderse por varios países de la Unión Europea (UE): el debilitamiento progresivo de las instituciones democráticas y los ataques a la libertad de prensa. Estos hechos, que hasta hace poco parecían episodios aislados, ahora muestran un inquietante patrón que amenaza con erosionar la confianza ciudadana y alimentar los movimientos populistas.

Uno de los casos más sonados ha sido la elección de Richard Ferrand como presidente del Consejo Constitucional en Francia. Esta designación ha generado controversia porque, pese a recibir más votos en contra que a favor (58 contra 38) en las comisiones de la Asamblea Nacional y del Senado, Ferrand fue igualmente nombrado. Este episodio no solo subraya las deficiencias del régimen presidencialista francés, sino que también reaviva las críticas sobre la transparencia y la democracia en el país. La abstención de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) liderada por Marine Le Pen, sumada a la aparente indiferencia de ciertos sectores, deja entrever un preocupante desinterés por las formas democráticas.

Al observar el panorama general en la UE, las cifras son alarmantes. El informe Mapping Media Freedom Monitoring Report revela que el 41,6% de los ataques a la prensa provienen de autoridades gubernamentales, el sistema judicial y la policía. En 2023, se registraron 942 violaciones contra la libertad de prensa y 446 agresiones directas a periodistas y medios. Estos números son más que fríos datos; representan la creciente vulnerabilidad de quienes ejercemos la profesión de informar. En Francia, por ejemplo, se documentaron ataques judiciales contra periodistas que destaparon casos de corrupción y malversación.

Casos como el escándalo "Qatargate" en el Parlamento Europeo, o la presión sobre la cadena belga RTBF para evitar la emisión de informaciones comprometedoras, son síntomas de una preocupante falta de tolerancia a la crítica. Italia no se queda atrás. Allí, la introducción de demandas judiciales por injurias y calumnias se ha convertido en una estrategia para silenciar voces disidentes. Como periodista, esta situación me genera inquietud, pues la prensa debe ejercer su papel fiscalizador sin temor a represalias. No se trata solo de proteger nuestro derecho a informar, sino de garantizar que la ciudadanía esté debidamente informada y pueda tomar decisiones conscientes. En lo personal, he experimentado cómo el clima de intimidación puede calar en las redacciones. Compañeros de profesión han tenido que enfrentarse a acosos legales y campañas de desprestigio simplemente por cumplir con su deber.

Es inquietante pensar que, en pleno siglo XXI y en sociedades que se proclaman democráticas, tengamos que luchar por libertades que creíamos conquistadas. Frente a este panorama, me resulta urgente apelar a la responsabilidad colectiva. Los gobiernos deben abstenerse de utilizar herramientas legales para silenciar a la prensa y, más bien, promover un entorno donde la crítica sea vista como un motor de mejora y no como una amenaza.

Como ciudadanos, también tenemos un papel fundamental al exigir transparencia y rechazar la normalización de estas derivas autoritarias. Mientras el escenario internacional también se torna incierto, con liderazgos que cuestionan el orden multilateral, la Unión Europea debe reafirmar su compromiso con los valores democráticos y la libertad de expresión. No hacerlo sería traicionar la esencia misma sobre la que se construyó el proyecto europeo.